Archivo de agosto de 2013

Alerta Legislativa

Lunes, 26 de agosto de 2013

19/08/2013 a 25/08/2013

¿Cuáles son los alcances de la propuesta de la nueva ley universitaria?

Viernes, 23 de agosto de 2013

El proyecto de una nueva ley universitaria ha generado un intenso debate en las últimas semanas, el cual se irá acrecentando cada vez más hasta que sea puesto a consideración del Pleno del Congreso. En un intento por explicar los alcances de la propuesta que viene trabajando la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ayer se llevó a cabo el Foro: “Nueva Ley Universitaria”, organizado por dicho grupo de trabajo y la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP).

Si bien puede reconocerse que existe un alto consenso respecto a los problemas que afronta  la educación universitaria en el Perú, dos indicadores resultan relevantes para tener en cuenta la situación que nos encontramos. El primero es que de acuerdo al índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, el cual evalúa doce pilares para medir la competitividad de los países, en  cuanto a educación superior el Perú ocupa el puesto 80 a nivel mundial de 144 países, por debajo de casi todos los países de la región.  Y lo peor es que cada año la situación empeora puesto que en el 2012 nos encontrábamos en el puesto 77.
Otro dato relevante lo ofrece el Ranking Mundial de Universidades, desarrollado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, una de las clasificaciones más conocidas mundialmente, que señala que dentro del top de 500 universidades del mundo sólo figura diez universidades latinoamericanas, entre las cuales no se encuentra ninguna universidad peruana.
Sin embargo, la actividad universitaria en el Perú ha crecido significativamente en los últimos años. Desde el año 1997 al 2012 se han creado 79 universidades (56 privadas y 23 públicas), teniendo en la actualidad un total de 137 universidades, 51 públicas y 86 privadas.  Sólo en el año 2010 se crearon 19 universidades, 13 privadas y 6 públicas, situación que generó una moratoria por cinco años para la creación de nuevas universidades.
Esta expansión de centros de estudios ha ido de la mano con un mayor número de  alumnos matriculados por universidad, que en el 2010 sumaban casi 782,970 estudiantes (288,505 de universidades públicas y 307,243 de universidades privadas), al igual que de docentes universitarios, que al 2010  alcanzaba los 59,085 (21,434 corresponden a universidades públicas y 37,651 a universidades privadas). Sin embargo, este crecimiento no ha estado acompañado en la mayoría de los casos con estándares mínimos de calidad.
Algunos casos de irregularidad que maneja la Comisión de Educación, muchos de los cuales  son de público conocimiento, se refieren a sueldos elevados  de rectores; infraestructura deficiente; falta de equipos y de docentes calificados; informalidad en exámenes de ingreso; irregularidad en matricula; así como rectores que continúan en sus cargos a pesar de tener sentencias condenatorias. Otros hechos denunciados involucran al CONAFU (Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de las Universidades) haber procedido irregularmente propiciando que promotoras de universidades privadas recurran al Poder Judicial  a efectos de que consigan la autorización de funcionamiento, o que la Asamblea Nacional de Rectores propicie la utilización de recursos públicos de las universidades para fines ajenos a la educación y la investigación, entre otras.
Educación como servicio público
La orientación de la propuesta que trabaja la Comisión reconoce a la educación como un proceso cuya finalidad es lograr el desarrollo integral de la persona humana y prepararla para l vida y el trabajo, siendo la educación superior la segunda etapa de este proceso.
Así, las dos etapas en que se divide el sistema de estudios en educación básica y educación superior, que al ser consecutivas y complementarias, implica que la primera tenga un importante efecto sobre la segunda. Una segunda división importante del sistema se da en la educación superior: educación superior técnica y educación universitaria.
Una de las novedades que propone la propuesta de la Comisión de Educación es definir a la educación como servicio público. Según Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, si bien el Estado ha optado porque se promueva la inversión en educación pública y privada, de igual forma tiene la obligación de velar por la calidad educativa en estas instituciones. Le atribuye a la  educación la calificación de servicio público en la medida que se trata de una prestación pública que explicita una de las funciones-fines esenciales del Estado, de ejecución per se o por terceros. Sostiene que ese concepto ha sido recogido por el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Núm. 17-2008-PI/TC.
Superintendencia de educación universitaria
Pero el punto que más polémica ha generado ha sido la creación de una superintendencia nacional de educación universitaria, que independiente del título que al final se determine, tendrá como funciones supervisar la calidad de la educación universitaria, fiscalizar el uso de recursos de las universidades y autorizar el funcionamiento de universidades públicas y privadas.
Según la Comisión de Educación, esta propuesta responde a la sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente Núm. 17-2008-PI/TC) en la que considera pertinente que el Congreso de la República expida la ley de creación de una superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial y supervisada eficientemente por el Estado, que cuente entre otros, con las siguientes competencias:
  •  Evaluar  a todas las universidades del país y sus respectivas filiales, adoptando las medidas necesarias para, cuando sea necesario, elevar su nivel de calidad educativa, incluyendo a las universidades y filiales ratificados o autorizados por el CONAFU.
  • Garantizar que el examen de admisión a las universidades cumpla con adecuados niveles de exigibilidad y rigurosidad intelectual.
A este pedido del Tribunal Constitucional también se han sumado algunas propuestas de la Contraloría General de la República y cinco iniciativas legislativas presentadas por igual número de congresistas.
Daniel Mora sostiene la necesidad de contar con un organismo regulador encargado de velar por la calidad educativa, el cual se constituya en el eje de interacción entre los principales participantes del sector: gobierno, universidades y consumidores, mediante acciones destinadas a garantizar las inversiones, proteger a los consumidores y promover la eficiencia económica.
En tal sentido, destaca el rol de los reguladores en otros sectores de la economía, pero cuyas actividades están enfocadas en los ámbitos de inversiones (credibilidad, sostenibilidad, promoción de la competencia, supervisión independiente), del consumidor (protección normativa, supervisión de la calidad de los servicios) y del gobierno (continuidad de las reformas, promoción de la eficiencia de los sectores, generar mayor competitividad y promover el desarrollo de infraestructura).
Caso contrario, sostiene, la educación superior al igual que otra actividad que ofrece servicio público, está expuesta a contingencias tales como tarifas coyunturales, expropiación administrativa, falta de cobertura de servicios, calidad deteriorada de los servicios, pérdida de eficiencia, infraestructura insuficiente para el crecimiento y una supervisión politizada o ausencia de la misma.
La propuesta de la Comisión precisa que la superintendencia nacional de educación universitaria sea un organismo adscrito al Ministerio de Educación, que cuente con autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa, encargada de normar, regular y coordinar la educación universitaria.
El congresista Mora afirma que ninguna de las atribuciones que se le concederá a esta entidad colisiona con la autonomía universitaria, concepto tan defendido en distintos fueros universitarios, pero que a la vez algunos consideran que es una de las principales causas de los problemas que enfrenta la actividad universitaria. Cabe recordar que según el artículo 18 de la Constitución, “el Estado reconoce la autonomía universitaria. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
Propuestas recogidas
Finalmente, en el evento se afirmó que la Comisión de Educación ha sostenido una serie de encuentros con distintos representantes del quehacer universitario, y que varias de las propuestas realizadas han sido tomadas en cuenta. Entre estas menciona por ejemplo, profundizar elementos de transparencia y utilizar la tecnología de la información para conocer aspectos referidos al presupuesto, inversiones, reinversiones, donaciones, gastos, remuneraciones, etc. de las universidades.

También se ha considerado incluir la acreditación obligatoria de las carreras universitarias, que sólo las universidades acreditadas otorguen títulos a nombre de la nación, la obligatoriedad de elaboración de tesis para obtener los grados académicos, entre otros temas que serán parte del propio debate, tanto dentro como fuera del Congreso.

 

 

Alerta Legislativa

Lunes, 19 de agosto de 2013

12/08/2013 a 18/08/2013

Alerta Legislativa

Lunes, 12 de agosto de 2013

05/08/2013 a 11/08/2013

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Martes, 6 de agosto de 2013

Algunos números del Periodo Anual de Sesiones 2012-2013 del Congreso de la República

Martes, 6 de agosto de 2013

1. La cantidad de proyectos de ley

Por periodo anual

En el periodo anual de sesiones 2012-2013 se han presentado 1159 proyectos de ley al Congreso. Respecto del periodo anterior, en el cual se presentaron 1362, se ha producido una disminución poco significativa. Así, la cantidad de iniciativas legislativas que se presentan por año al Parlamento continúa siendo exorbitante.

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Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

Por legislatura

Ahora bien, cada periodo anual de sesiones se divide en dos legislaturas. La primera va del 27 de julio al 15 de diciembre y la segunda, del 1 de marzo al 15 de junio. Los periodos de tiempo no comprendidos en dichos intervalos son los denominados recesos parlamentarios. En estos se siguen presentando proyectos de ley y es común que los mismos se consideren como pertenecientes a la legislatura que los precedió[1]. De acuerdo con esto último, la cantidad de iniciativas legislativas por legislatura sería la que figura en el siguiente cuadro.

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Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

Proyectos de ley del periodo anual de sesiones 2012-2013 por proponente

Los principales responsables de la enorme cantidad de proyectos de ley que se presentan al Congreso son los propios parlamentarios. Así, en este último año legislativo, los congresistas presentaron 995 proyectos de ley, mientras que el Ejecutivo solo presentó 118 y las otras entidades con derecho a iniciativa legislativa no superaron, en conjunto, las 46 propuestas.

Fuente: Congreso de la República Elaboración: Reflexión Democrática

Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

El grupo parlamentario que más contribuyó a atosigar al Congreso con proyectos de ley es la bancada de gobierno. En efecto, los congresistas del Grupo Nacionalista Gana Perú presentaron 365 propuestas legislativas, superando en más del doble a los grupos que le siguen (Fuerza Popular, Acción Popular – Frente Amplio y Perú Posible presentaron 160, 157 y 126 proposiciones legislativas, respectivamente) a pesar de no tener el doble de congresistas de estos.

Fuente: Congreso de la República Elaboración: Reflexión Democrática

Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

Ahora bien, como la cantidad de proyectos de ley de cada grupo parlamentario podría estar influenciada por su número de integrantes y esto puede provocar que las bancadas más numerosas seas las que más propuestas presenten, se tendría que tener en cuenta, también, el promedio de proyectos de ley presentados por congresista según la bancada a la que pertenece. Este se obtendría al dividir la cantidad de propuestas legislativas de cada bancada entre el número de integrantes de cada una. Al hacer ello, se tiene que el peor promedio (el más alto) lo tiene la bancada Acción Popular – Frente Amplio ya que presentó 15,7 proyectos de ley por congresista, mientras que el mejor promedio lo tiene Alianza por el Gran Cambio con tan solo 4,17 propuestas por congresista.

Fuente: Congreso de la República Elaboración: Reflexión Democrática

Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

Como ya hemos señalado en anteriores trabajos, la presentación en exceso de proyectos ley es un síntoma del mal o inadecuado ejercicio de la función legislativa. Por ello los grupos parlamentarios (también denominados bancadas) deberían ser más cuidadosos y rigurosos al momento de aprobar la presentación de proyectos de ley de los congresistas que los integran. Asimismo, los congresistas deberían ser más escrupulosos al momento de dar su respaldo a cualquier proyecto de ley elaborado por cualquiera de sus pares y no prestarlo a cambio de la promesa de un apoyo posterior.

2. El trabajo legislativo en las comisiones ordinarias del Congreso en el periodo anual de sesiones 2012-2013

Las Comisiones Ordinarias del Congreso son las encargadas, entre otras funciones, del estudio y dictamen de las iniciativas legislativas que se presentan al Parlamento. Estas son enviadas, de acuerdo al tema o temas que abordan a, por lo menos, una comisión.

 

Fuente: Congreso de la República Elaboración: Reflexión Democrática

Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

 

En el cuadro se puede observar que la comisión con mayor carga fue la de Justicia y Derechos Humanos, con 196 proyectos de ley, seguida por la de Constitución Reglamento, con 132 iniciativas, y la de Economía, con 118 propuestas.

Las cifras del cuadro revelan, además, los temas que prefirieron abordar los congresistas en sus proyectos de ley en último año legislativo. Así, al parecer, los asuntos concernientes al sector justicia y Derechos Humanos son los preferidos de los parlamentarios.

Por otro lado, las comisiones de Ciencia Innovación y Tecnología y de Inclusión Social, creadas en este periodo congresal (2011-2016), solo han recibido 10 y 13 proyectos de ley, respectivamente. Ello indica que los temas que abordan las referidas comisiones son de escaso interés para la mayoría de los congresistas por lo que cabría evaluar si sería mejor que se fusionen con comisiones afines.

La cantidad de dictámenes emitidos por las comisiones ordinarias

En el último año legislativo la comisión de Economía es la que más dictámenes ha emitido: 101. Esta es seguida muy de lejos por las comisiones de Descentralización, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores con 52, 44, 40, respectivamente. En contraste, existen comisiones que emitieron una escasa cantidad de dictámenes, como las de Inteligencia, Fiscalización, Defensa del Consumidor, Ciencia e Inclusión Social con 1, 6 ,8 y 9 dictámenes, respectivamente.

Fuente: Congreso de la República Elaboración: Reflexión Democrática

Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

3. Las normas aprobadas por el Congreso en el periodo anual de sesiones 2012-2013

En cuanto a la producción legislativa propiamente dicha, el Congreso, en la primera legislatura, ha logrado que se aprueben y promulguen 170 normas: 118 leyes, 45 resoluciones legislativas y 7 resoluciones legislativas del Congreso.

Fuente: Congreso de la República Elaboración: Reflexión Democrática

Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Reflexión Democrática

Sin duda resulta una cantidad de normas excesiva para un solo año y es una prueba de la sobre producción legislativa de la que adolece nuestro país, la que provoca que nuestro sistema jurídico sea caótico, incoherente e inestable, perjudicando a los ciudadanos en sus relaciones con el Estado y entre sí.

 

¿Cómo mejorar la labor de los congresistas?

Martes, 6 de agosto de 2013

Conozca las apreciaciones de José Elice, director ejecutivo de Reflexión Democrática, sobre cómo mejorar la labor del Congreso de la República y los congresistas.

Proponen modificar ley que regula reparto de utilidades a trabajadores

Martes, 6 de agosto de 2013

El grupo parlamentario Acción Popular – Frente Amplio presentó al Congreso el proyecto de ley 2447, que propone modificar el Decreto Legislativo 892 (norma que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría) con el fin de que las empresas mineras distribuyan entre sus trabajadores un porcentaje mayor de utilidades (tendrían que distribuir 10% y ya no 8%) y que los trabajadores de las empresas tercerizadoras participen de las que generen las empresas principales.

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Ud. puede leer los informes en los siguientes enlaces:Ahora bien, sobre los cambios propuestos por el proyecto de ley, Reflexión Democrática ha elaborado dos informes. En uno se analiza la justificación de los distintos porcentajes de utilidades que están obligadas a distribuir las empresas de acuerdo a su rubro, mientras que en el otro se examina la posibilidad de distribuir aquellas entre los trabajadores de las empresas tercerizadoras.

 

Alerta Legislativa

Martes, 6 de agosto de 2013

22/07/2013 a 28/07/2013

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