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  • ¿Cuáles son los alcances de la propuesta de la nueva ley universitaria?

    El proyecto de una nueva ley universitaria ha generado un intenso debate en las últimas semanas, el cual se irá acrecentando cada vez más hasta que sea puesto a consideración del Pleno del Congreso. En un intento por explicar los alcances de la propuesta que viene trabajando la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, ayer se llevó a cabo el Foro: “Nueva Ley Universitaria”, organizado por dicho grupo de trabajo y la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP).

    Si bien puede reconocerse que existe un alto consenso respecto a los problemas que afronta  la educación universitaria en el Perú, dos indicadores resultan relevantes para tener en cuenta la situación que nos encontramos. El primero es que de acuerdo al índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, el cual evalúa doce pilares para medir la competitividad de los países, en  cuanto a educación superior el Perú ocupa el puesto 80 a nivel mundial de 144 países, por debajo de casi todos los países de la región.  Y lo peor es que cada año la situación empeora puesto que en el 2012 nos encontrábamos en el puesto 77.
    Otro dato relevante lo ofrece el Ranking Mundial de Universidades, desarrollado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, una de las clasificaciones más conocidas mundialmente, que señala que dentro del top de 500 universidades del mundo sólo figura diez universidades latinoamericanas, entre las cuales no se encuentra ninguna universidad peruana.
    Sin embargo, la actividad universitaria en el Perú ha crecido significativamente en los últimos años. Desde el año 1997 al 2012 se han creado 79 universidades (56 privadas y 23 públicas), teniendo en la actualidad un total de 137 universidades, 51 públicas y 86 privadas.  Sólo en el año 2010 se crearon 19 universidades, 13 privadas y 6 públicas, situación que generó una moratoria por cinco años para la creación de nuevas universidades.
    Esta expansión de centros de estudios ha ido de la mano con un mayor número de  alumnos matriculados por universidad, que en el 2010 sumaban casi 782,970 estudiantes (288,505 de universidades públicas y 307,243 de universidades privadas), al igual que de docentes universitarios, que al 2010  alcanzaba los 59,085 (21,434 corresponden a universidades públicas y 37,651 a universidades privadas). Sin embargo, este crecimiento no ha estado acompañado en la mayoría de los casos con estándares mínimos de calidad.
    Algunos casos de irregularidad que maneja la Comisión de Educación, muchos de los cuales  son de público conocimiento, se refieren a sueldos elevados  de rectores; infraestructura deficiente; falta de equipos y de docentes calificados; informalidad en exámenes de ingreso; irregularidad en matricula; así como rectores que continúan en sus cargos a pesar de tener sentencias condenatorias. Otros hechos denunciados involucran al CONAFU (Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de las Universidades) haber procedido irregularmente propiciando que promotoras de universidades privadas recurran al Poder Judicial  a efectos de que consigan la autorización de funcionamiento, o que la Asamblea Nacional de Rectores propicie la utilización de recursos públicos de las universidades para fines ajenos a la educación y la investigación, entre otras.
    Educación como servicio público
    La orientación de la propuesta que trabaja la Comisión reconoce a la educación como un proceso cuya finalidad es lograr el desarrollo integral de la persona humana y prepararla para l vida y el trabajo, siendo la educación superior la segunda etapa de este proceso.
    Así, las dos etapas en que se divide el sistema de estudios en educación básica y educación superior, que al ser consecutivas y complementarias, implica que la primera tenga un importante efecto sobre la segunda. Una segunda división importante del sistema se da en la educación superior: educación superior técnica y educación universitaria.
    Una de las novedades que propone la propuesta de la Comisión de Educación es definir a la educación como servicio público. Según Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, si bien el Estado ha optado porque se promueva la inversión en educación pública y privada, de igual forma tiene la obligación de velar por la calidad educativa en estas instituciones. Le atribuye a la  educación la calificación de servicio público en la medida que se trata de una prestación pública que explicita una de las funciones-fines esenciales del Estado, de ejecución per se o por terceros. Sostiene que ese concepto ha sido recogido por el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Núm. 17-2008-PI/TC.
    Superintendencia de educación universitaria
    Pero el punto que más polémica ha generado ha sido la creación de una superintendencia nacional de educación universitaria, que independiente del título que al final se determine, tendrá como funciones supervisar la calidad de la educación universitaria, fiscalizar el uso de recursos de las universidades y autorizar el funcionamiento de universidades públicas y privadas.
    Según la Comisión de Educación, esta propuesta responde a la sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente Núm. 17-2008-PI/TC) en la que considera pertinente que el Congreso de la República expida la ley de creación de una superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial y supervisada eficientemente por el Estado, que cuente entre otros, con las siguientes competencias:
    •  Evaluar  a todas las universidades del país y sus respectivas filiales, adoptando las medidas necesarias para, cuando sea necesario, elevar su nivel de calidad educativa, incluyendo a las universidades y filiales ratificados o autorizados por el CONAFU.
    • Garantizar que el examen de admisión a las universidades cumpla con adecuados niveles de exigibilidad y rigurosidad intelectual.
    A este pedido del Tribunal Constitucional también se han sumado algunas propuestas de la Contraloría General de la República y cinco iniciativas legislativas presentadas por igual número de congresistas.
    Daniel Mora sostiene la necesidad de contar con un organismo regulador encargado de velar por la calidad educativa, el cual se constituya en el eje de interacción entre los principales participantes del sector: gobierno, universidades y consumidores, mediante acciones destinadas a garantizar las inversiones, proteger a los consumidores y promover la eficiencia económica.
    En tal sentido, destaca el rol de los reguladores en otros sectores de la economía, pero cuyas actividades están enfocadas en los ámbitos de inversiones (credibilidad, sostenibilidad, promoción de la competencia, supervisión independiente), del consumidor (protección normativa, supervisión de la calidad de los servicios) y del gobierno (continuidad de las reformas, promoción de la eficiencia de los sectores, generar mayor competitividad y promover el desarrollo de infraestructura).
    Caso contrario, sostiene, la educación superior al igual que otra actividad que ofrece servicio público, está expuesta a contingencias tales como tarifas coyunturales, expropiación administrativa, falta de cobertura de servicios, calidad deteriorada de los servicios, pérdida de eficiencia, infraestructura insuficiente para el crecimiento y una supervisión politizada o ausencia de la misma.
    La propuesta de la Comisión precisa que la superintendencia nacional de educación universitaria sea un organismo adscrito al Ministerio de Educación, que cuente con autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa, encargada de normar, regular y coordinar la educación universitaria.
    El congresista Mora afirma que ninguna de las atribuciones que se le concederá a esta entidad colisiona con la autonomía universitaria, concepto tan defendido en distintos fueros universitarios, pero que a la vez algunos consideran que es una de las principales causas de los problemas que enfrenta la actividad universitaria. Cabe recordar que según el artículo 18 de la Constitución, “el Estado reconoce la autonomía universitaria. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.
    Propuestas recogidas
    Finalmente, en el evento se afirmó que la Comisión de Educación ha sostenido una serie de encuentros con distintos representantes del quehacer universitario, y que varias de las propuestas realizadas han sido tomadas en cuenta. Entre estas menciona por ejemplo, profundizar elementos de transparencia y utilizar la tecnología de la información para conocer aspectos referidos al presupuesto, inversiones, reinversiones, donaciones, gastos, remuneraciones, etc. de las universidades.

    También se ha considerado incluir la acreditación obligatoria de las carreras universitarias, que sólo las universidades acreditadas otorguen títulos a nombre de la nación, la obligatoriedad de elaboración de tesis para obtener los grados académicos, entre otros temas que serán parte del propio debate, tanto dentro como fuera del Congreso.

     

     

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